Medellín – Antioquia, viernes 7 de julio de 2017. La representante a la Cámara Regina Zuluaga pidió a la Corte Constitucional tener en cuenta los serios reparos a la Justica Especial para la Paz – JEP (Acto Legislativo 1 de 2017), que expuso en una reciente audiencia pública de este tribunal el Fiscal General de la Nación Néstor Humberto Martínez, en donde se reitera que esta sala de transición no debe ser única y exclusivamente para los delitos que están relacionados con las FARC, mientras que inexplicablemente otros delitos del conflicto pasarían a la justicia ordinaria, “lo que siente un grave antecedente de inequidad y desigualdad en la implementación de la justicia en Colombia”, reiteró.
Zuluaga Henao convocó además a los diferentes sectores de la sociedad a rodear al ente acusador en reparos tan válidos al JEP, que demandan igualmente la responsabilidad de revisar su exequibilidad por parte de la Corte Constitucional, como es el caso de que se compulse los procesos de justicia y paz no solo a la Fiscalía sino al tribunal transitorio (cuando el actual orden jurídico le da esa competencia exclusiva al ente acusador); la imposibilidad de que las pruebas y testimonios de los procesados no puedan ser utilizados en otros casos por la Fiscalía; los alcances de la JEP para abordar delitos del narcotráfico, y especialmente aquellos que ocurran posterior al acuerdo de paz; como también precisar si realmente la justicia ordinaria ha quedado marginada de cada uno de los delitos del conflicto que se cometieron antes del pasado primero de diciembre, “lo que se convertiría en un desconocimiento total del aparato de justicia en el País, que es nada más ni nada menos que una de las tres ramas del poder público en Colombia”, precisó.
Así mismo, la legisladora antioqueña pidió a la Corte Constitucional tener en cuenta la preocupación del Ministerio público, porque se le condiciona en la JEP para intervenir en defensa de los derechos de las víctimas, lo que se convierte para la legisladora en una clara violación al Artículo 277 de la Constitución política, y en contravía de los enunciado del Estado Social de Derecho, al establecer que el Procurador tiene como funciones “intervenir en los procesos y ante las autoridades judiciales o administrativas, cuando sea necesario en defensa del orden jurídico, del patrimonio público, o de los derechos y garantías fundamentales (numeral 7)”.
La dirigente antioqueña expuso además los diferentes aspectos que ha planteado sobre la JEP en los debates de control político en el Congreso, en coherencia con las preocupaciones y cuestionamientos del Centro Democrático al proceso de paz con las FARC:
Primero, en tela de juicio queda la ecuanimidad y el sagrado deber de impartir justicia por parte de la Jurisdicción Especial para La Paz (JEP), en donde se desconoce el Derecho Internacional Humanitario (DIH), los protocolos de Ginebra y la competencia, la admisibilidad y el derecho aplicable de la Corte Penal Internacional, en el sentido de no aceptar “la impunidad total a los mayores responsables de delitos atroces".
Segundo, se reitera la posición de no elevar a rango constitucional el acuerdo de paz, y que su cumplimiento sea más bien un compromiso de las partes, pero se deben contar con las suficientes garantías para que no se haga caso omiso a esta modificación, teniendo en cuenta las facultades legales y constitucionales que recientemente le dio el Congreso al Gobierno.
Tercero, se necesita reabrir la discusión de no dejar como última instancia la Jurisdicción Especial para La Paz (JEP), y en cambio dejar con la tutela a la Corte Constitucional como Tribunal de cierre; como también los mecanismos efectivos para establecer la totalidad de bienes de las FARC para reparación de las víctima, y que no contempla este tribunal transitorio.
Cuarto, no deja de ser lamentable que se mantenga en el nuevo acuerdo la "elegibilidad política" sin ninguna condición, aún con delitos atroces y delitos de lesa humanidad que están aún por resolver, en donde no sólo se transgrede el derecho constitucional de elegir y ser elegido, sino también pone en riesgo una de las democracias más sólidas de Latinoamérica y el resto del mundo, y como en su momento vamos a dejar constancia ante la comunidad internacional.
